Trabajando hoy todavía como albañil, Antonio ha recibido la noticia que llevaba esperando hace ocho años. Entonces se encontró en la obra donde trabajaba este tesoro, 1940 dinares de oro con más de mil años de antigüedad. Ahora el Tribunal Supremo dice que Antonio deberá cobrar el 25% del valor de las monedas, que puede alcanzar los dos millones de euros.
Tras años de litigio con la empresa para la que trabajaba entonces, que también reclamaba la propiedad del hallazgo, la sentencia llega a solo unos días de que Antonio se vaya al paro. El tesoro ha sido catalagado como el más importante de monedas islámicas en la Comunidad Valenciana. Ahora pertenece a la Consellería de Cultura que será la que tenga que pagar a Antonio. Él mientras seguirá trabajando a la espera de que los dinares se conviertan en euros.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia a favor de un trabajador valenciano que encontró un tesoro de monedas de oro, lo que le permitirá cobrar el 25% del valor de tasación del hallazgo. El alto tribunal rechaza, asimismo, el recurso de la empresa para la que trabajaba el obrero y que también reclamaba esa compensación.
Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2001 cuando operarios de la empresa Construcciones Hermanos Felipe S. L. abrían una zanja en un solar de la calle Santa Elena de Valencia, cerca de la Plaza del Árbol. Uno de ellos picó 25 centímetros más abajo de lo que lo habían hecho previamente los arqueólogos de la Conselleria de Cultura y encontró 1.940 dinares y fracciones de dinar árabe, monedas de oro islámicas que fueron entregadas a la directora general de Patrimonio Artístico para su clasificación y custodia.
Se inició entonces un proceso administrativo para reclamar el 25% del valor del tesoro, como contempla la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Por un lado lo solicitaba la empresa constructora, que entendía que tenía derecho a ello al haber sido su gerente quien tomó la decisión de entregar las monedas a la Administración. Y por otro el trabajador, Antonio Martínez, que entiende que el hallazgo es obra suya. A esas peticiones no respondió la administración autonómica y se presentaron, por tanto, dos recursos contencioso-administrativos que fueron rechazados y que dieron lugar al recurso final ante el Supremo.
La empresa optó por reclamar sus derechos argumentando -en contra de la Administración – que los trabajos arqueológicos no habían concluido. Por su lado, el representante legal del trabajador optó por reclamar el derecho al tesoro por silencio administrativo.
Y eso es lo que ha valorado el alto tribunal, que entiende, además, que se cumplen los requisitos básicos para que el trabajador cobre su 25%: se trata de objetos propios del patrimonio cultural, y su actividad no era una excavación arqueológica.