El anuncio del presidente de Colombia del hallazgo de este importante pecio ha venido acompañado de una infinidad de interrogantes acerca de su legítimo dueño. Tanto la opinión pública española como los medios, muy concienciados con cuestiones similares por la reciente recuperación de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, no han podido evitar establecer paralelismos.
La mañana del sábado 5 de diciembre nos alegrábamos con la noticia del descubrimiento de uno de los tesoros sumergidos más legendario de la historia de América, el del galeón San José. Para hacernos una idea de lo importante de este hallazgo fue ni más ni menos que el propio presidente de Colombia quien compareció ante los medios para anunciarlo, aunque los datos que facilitó fueron prácticamente nulos, amparándose en el “secreto de estado”.
Desde ese momento no han parado de sucederse las noticias, comentarios, reflexiones de todo tipo, relacionados con el descubrimiento del pecio y, sobre todo, acerca de quién es su legítimo dueño. No teman, no somos especialistas en derecho y poco nuevo podríamos aportar a esta polémica, aunque sí queremos hacer algunas reflexiones al respecto.
Sin duda, la noticia ha originado tantos titulares porque en la opinión pública española tenemos muy fresco el caso Odyssey, en el que esta empresa cazatesoros perdió en los tribunales frente a España y hubo de entregar al estado español todo lo que había esquilmado en el pecio identificado como la fragata Mercedes. Han pasado unos años de ello, pero la propaganda que el Ministerio de Cultura ha hecho de este logro apenas ha disminuido y la exposición itinerante con los materiales recuperados sigue recorriendo España (ahora mismo se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla), al tiempo que las personas implicadas directamente en el litigio continúan dando charlas y conferencias sobre el tema, además de que el hallazgo cuenta con su página web propia, etc. etc.
Con estos antecedentes, el Ministerio de Cultura no podía hacer otra cosa que reclamar ante Colombia la propiedad española de este otro pecio. Pero las diferencias con el caso Odyssey son evidentes incluso para un profano en la materia: ahora no se litiga contra una empresa cazatesoros, sino contra un gobierno soberano, y además de un país amigo. Y por ende, el barco hundido se encuentra en las aguas territoriales de Colombia, no en las de España, ni siquiera en aguas internacionales.
Las razones que esgrime España para argumentar su titularidad están ustedes cansados de oírlas en los medios o leerlas en la prensa, siendo la principal y más contundente que el galeón San José era un buque de guerra español. Ahora bien, haciendo de abogados del diablo, ¿se imaginan ustedes esta polémica diplomática si el barco hubiera estado cargado solamente de cerámica y no de piedras y metales preciosos? O dicho de otra manera, ¿habríamos llegado a este extremo si el valor del pecio hubiera sido única y exclusivamente arqueológico?
Teniendo en cuenta lo costoso y complicado que resulta excavar un yacimiento submarino, tendemos a pensar que no, que se lo habríamos dejado muy gustosamente a los colombianos para que disfrutaran de él (prueba de ello son los centenares de hallazgos subacuáticos catalogados y sin excavar que tenemos en toda nuestra costa).
La ley vigente en Colombia, que se aprobó hace un par de años con gran escándalo de la comunidad arqueológica internacional, favorece a las empresas cazatesoros al permitir la explotación comercial de los yacimientos subacuáticos. Vista ahora la secuencia temporal de los hechos, no es de extrañar que legislación y descubrimiento del San José hayan ido de la mano.
Así que, llegados a este punto, hay indicios que nos hacen pensar que el verdadero interés de ambos gobiernos, tanto el español como el colombiano, no está tan íntimamente ligado a perseguir un mejor conocimiento de nuestra historia común mediante la protección de nuestro patrimonio cultural como nos quieren hacer creer.
Isabel Rguez. Casanova
Dra. en Arqueología